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¿Por qué es ineficiente el Gobierno?

COORDENADAS

Enrique Quintana  

18 May. 09
Reforma

Desde hace muchos años, lograr la eficiencia es una de las metas del Gobierno. Y la reiteración de ella es el signo del incumplimiento

¿Conoce usted a alguien que le diga que el servicio que le da el Gobierno se caracteriza por la eficiencia?

Yo, hasta ahora, no lo conozco. Y, en cambio, sí veo que año tras año, sexenio tras sexenio se habla de hacer un gobierno más eficiente, que le sirva más a la gente y les cueste menos a los contribuyentes.

En los próximos dos o tres meses, un gran tema que surgirá a la palestra es cómo hacerle frente a las restricciones fiscales del 2010.

Ya sabemos que habrá menos dinero para gastar y, de nueva cuenta, existirá la tentación de hacer la enésima reforma fiscal, de la que se va a decir que ahora sí es la buena.

Sin embargo, antes de pensar en que los causantes paguemos más, debiera pensarse en cómo hacer para que el Gobierno cueste menos y rinda más.

Le van unas cuantas cifras a modo de ilustración.

En 1990, a la mitad del sexenio de Salinas, el gasto corriente del sector público equivalía al 11.6 por ciento del PIB.

Para el año 2000, ese porcentaje ya había subido a 12.8 por ciento. Y Fox le dio otra ayudadita, pues en el año 2006 representaba 12.9 por ciento.

El año pasado todavía se fue más arriba y alcanzó 13.8 por ciento del PIB.

Y le apuesto que este año va a romper récord, pues mientras la economía ha caído en términos reales, el gasto corriente ha seguido creciendo.

Uno no podría quejarse de esta expansión si la calidad y cantidad de los servicios públicos también hubiera crecido. Pero más allá de los promocionales del Gobierno en los medios, ¿quién está de acuerdo en que tenemos hoy más vastos y mejores servicios públicos?

Hay uno que otro programa, sobre todo los que abiertamente combaten la pobreza, que efectivamente atienden de manera directa a población que se quedaría desamparada sin ellos. Pero se trata de una parte pequeña del gasto.

La realidad es que estamos metidos en un círculo vicioso que quién sabe cuándo podrá romperse.

Quienes determinan el volumen y destino del gasto público son el Gobierno y los legisladores.

Todos los incentivos que existen apuntan a que crezca. Tenemos en México la creencia de que para mejorar algo hay que meterle más dinero. Que si se quiere mejorar la educación, hay que ponerle más presupuesto. Que si el IMSS da un mal servicio, entonces hay que darle más recursos. Y así indefinidamente.

Cuando a alguien se le ocurre preguntarse, por ejemplo, por qué no mejorar la educación creando incentivos muy claros para la calidad y castigos al derroche y a la mediocridad, le lloverá de inmediato el reclamo de que está atentando contra los sagrados derechos de los maestros.

Hemos tenido y seguimos teniendo gobiernos de todos los signos que han sido cómplices, por acción u omisión, de los intereses que representan los grandes sindicatos y que en la mayoría de las ocasiones implican sólo inercias y lastres en el gasto público.

Pero no son solamente ellos. Los aparatos burocráticos en los que, por ejemplo, algunos cientos de oficiales mayores y su estructura tienen el poder real de los dineros públicos ofrecen una resistencia abierta a los cambios en la forma de gastar.

Si lográramos eficientar realmente al Gobierno, tendríamos un efecto equiparable al de un aumento de impuestos, pero con mayores beneficios para la sociedad, pues pagaría menos y recibiría más servicios públicos.

Por lo pronto, me temo que nos quedaremos con las ganas, pues los diputados que van a sentarse en sus curules el 1 de septiembre -salvo que ocurra un milagro- no van a querer que el primer presupuesto que aprueben sea con un gasto reducido.

Me temo que, tarde o temprano, los contribuyentes vamos a volver a pagar el costo de la ineficiente burocracia.
enrique.quintana@reforma.com